Euro por receta y principio de legalidad

Euro por receta y principio de legalidad

Antonio Miguel Carmona

Cualquier gobierno tiene que ser tan consciente de la legalidad de sus actos como para estar dispuesto a justificarlos a cada paso. El principio de legalidad debería ser y es inquebrantable. El Gobierno de la Comunidad de Madrid instaló el euro por receta como medida a sabiendas que incumplía el principio de legalidad y que, por ende, sobrepasaba sus propias competencias. Independientemente de mi oposición a una medida de este tipo, tanto por su injusta aplicación como por su inutilidad técnica e incapacidad financiera, paso a relatarles aquello que desde mi punto de vista era cuestionable para la legalidad.

La ilegalidad del euro por receta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se basaba en el incumplimiento del artículo 149.1.16 de la Constitución y de la STC 98/2004 que otorga esta competencia al Estado. A partir de esta cuestión, tanto la administración catalana como la madrileña se revolvieron en busca de una normativa que amparase tal medida. Sin embargo, si se argumentara que las CC.AA. tienen competencia sobre las farmacias habría que aclarar que la STC 152/2003, de 17 de julio es explícita al no referirse a las prescripciones médicas. O, para mayor abundamiento, el artículo 7.1 de la LOFCA el cual, a pesar de que pueda contemplarlo aclara a su vez que no en el caso de bienes imprescindibles para la vida.

Tengo en mi mano diversos informes jurídicos del equipo que trabaja conmigo y que trato de transcribirles para ahondar más en un asunto que en su día nos dejó a todos perplejos. Al mismo tiempo el establecimiento del euro por receta supone un obstáculo, un límite, una para la libre circulación de personas, mercancías o servicios. Podría decirse, en todo caso, que el artículo 2.1. de la LOFCA exige coordinación con la Hacienda del Estado.

¿Por qué un euro? El importe discrecional contraviene la proporcionalidad que exige el artículo 533.1. de la Ley de Tasas. En este caso, además, puede ser mayor –o menor- que el servicio que se otorga, cuestión prohibida en el artículo 7.3. de la LOFCA. En cuanto al procedimiento administrativo para el pago de un tributo, como es el caso, éste requiere un procedimiento administrativo como señala el artículo 24 y el 105 de la Constitución. O como establece el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo y por la STC de 1988. En caso contrario habría que declarlo nulo como especifica la STC 18/1981.

Al mismo tiempo, ¿tiene una farmacia potestad recaudatoria? Desde mi punto de vista también contraviene el artículo 5 de la Ley General Tributaria, normativa que no reconoce a las farmacias como Administración Tributaria. En cualquier caso el Tribunal Constitucional ha reconocido la inconstitucionalidad del euro por receta por una cuestión de competencias y conflicto entre comunidades autónomas y Estado. Desde mi punto de vista el conflicto va mucho más allá. Tiene raíces en la ilegalidad de la norma. Rompe el principio de legalidad en una decisión cuyo interés es verdaderamente otro. @AntonioMiguelC

Antonio Miguel Carmona es profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.

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