Carta al Relator de Naciones Unidas respecto del proyecto de “Ley de Seguridad Ciudadana”

Sr. Maina Kiai

Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Estimado Sr. Kiai,
Las organizaciones abajo firmantes se dirigen a usted para pedirle que, en el ejercicio de su mandato, emita un llamamiento urgente dirigido al Gobierno español a propósito del proyecto de Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana (PLOPSC), cuya votación en el Pleno del Congreso de los Diputados está prevista para el próximo 11 de diciembre, por las restricciones ilegítimas que ésta impone al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a las actividades legítimas de los defensores de derechos humanos en el país.

En primer lugar, queremos señalar que este proyecto de ley es innecesario. Pese a que el Gobierno hace referencia a una demanda creciente por parte de la ciudadanía española para garantizar su seguridad, el hecho es que la seguridad ciudadana no es una preocupación para los ciudadanos y ciudadanas de este Estado. No solo no constituye una preocupación a tenor de las encuestas de los organismos públicos (Centro de Investigaciones Sociológicas 1) sino que tampoco se justifica en términos cuantitativos por el aumento de la violencia u otro tipo de elemento delictual durante el ejercicio de los derechos de reunión en España en los últimos años, pues de las más de 87.000 manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, se han producido incidencias en menos del 1% de las mismas, todo ello según datos del propio Ministerio del Interior.2

Este proyecto de ley conlleva un incremento acusadísimo de infracciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a esta área, lo que denota el interés particular de este Gobierno por regular estos derechos mediante medidas sancionadoras. El fundamento último de esta ley no es garantizar la seguridad ciudadana, sino desincentivar y reprimir el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en respuesta a la creciente ola de movilizaciones y organización de plataformas ciudadanas que reivindican una participación política en la respuesta institucional a la profunda crisis en la que el país se ha visto inmerso desde 2008. Queremos exponer que esta regulación pretende restringir de manera innecesaria y desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación mediante medidas contrarias a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español
en materia de derechos humanos:

- Incrementando la cuantía de las sanciones. Las infracciones muy graves, entre las que se encuentra asistir a manifestaciones no comunicadas pero pacíficas en infraestructuras de transporte o sus alrededores (como una estación de tren), se sancionan con hasta 600.000 €. Las infracciones graves, entre las que se encuentran la perturbación leve de una manifestación, la negativa a identificarse ante un agente de la autoridad, impedir a un funcionario público el ejercicio de sus atribuciones, aunque sea de manera pacífica, o manifestarse frente al Congreso de los Diputados, se sancionarán con cuantías de 601 a 30.000 €. Se vulnera por tanto el principio de proporcionalidad, estableciendo además cuantías en muchos casos inasumibles para el ciudadano de renta media en España.

- Incrementando el número de infracciones que pueden cometerse con ocasión de la celebración de una manifestación. Con este aumento del catálogo de infracciones, el Estado español lejos de promover el ejercicio de este derecho lo cercena y criminaliza hasta el punto de incluir la creación de un Registro de ciudadanos sancionados cual Registro de Antecedentes Penales.

- Reduciendo las garantías de los ciudadanos frente al poder sancionatorio de la Administración y vulnerando el principio de legalidad y tipicidad al introducir términos vagos e imprecisos a lo largo de toda la reforma. Entre estos conceptos
encontramos expresiones etéreas tales como “perturbación de la seguridad ciudadana que no constituya delito”, “perturbación grave de la seguridad ciudadana que no constituya delito”, “inmediaciones de infraestructuras que presten servicios básicos a la comunidad”, “comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana”, u “ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”.

- Aumentando los poderes de la administración frente a los ciudadanos, al dotarse de mayores facultades de intervención física (retenciones preventivas de grupos de personas, intervenciones corporales, incautaciones preventivas de objetos, etc) así como concediéndoles mayores grados de discrecionalidad a la hora de interpretar esta ley, mediante esos términos imprecisos que hemos citado en el párrafo anterior.

- Garantizando la impunidad en la actuación de los agentes de la autoridad al prohibir el uso de imágenes de fotografía o vídeo de los mismos cuando “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación”.

Asimismo con la redacción actual del proyecto de ley se darían las siguientes consecuencias inaceptables para un Estado de Derecho:

- El espacio público dejaría de ser un espacio de participación política. Esto contradice tanto los estándares internacionales como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual dice que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación”.

- Se estaría sometiendo el ejercicio del derecho de reunión a una autorización de hecho, lo cual incumple lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Española así como las recomendaciones internacionales en esta materia. En ningún caso la ausencia de cumplimiento de un requisito administrativo puede justificar la restricción del ejercicio de un derecho fundamental.

- La persecución de formas de protesta social perfectamente pacíficas. Esto resulta del todo inaceptable. Únicamente la existencia de comportamientos violentos o peligrosos puede considerarse una justificación legítima para la restricción de un derecho tan consustancial a la democracia como la libertad de reunión.

Usted ha comunicado previamente al Gobierno español (JAL 22/10/2013. Case no. ESP 3/2013. State reply: 12/12/2013 y JAL 30/12/2013. Case no. ESP7/2013. State reply: 03/04/2014) su preocupación por el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, ahora Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (PLOPSC), así como el Proyecto de Código Penal, señalando que “apuntan a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación al penalizar un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental, originando una importante limitación en el ejercicio del mismo”. Tal y como usted expone en su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas A/HRC/26/29/Add.1, el PLOPSC hace “prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica” y restringe de manera desproporcionada y excesiva el derecho de reunión pacífica.

Resulta desproporcionado e injustificado introducir sanciones por la celebración de “manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos”. Las manifestaciones son un cauce para trasladar un mensaje y el lugar donde se celebran es una parte esencial de ese mensaje. Al respecto, citamos las observaciones recogidas de su Informe del 24 de abril de 2013 en el que recuerda que las reuniones pacíficas en los espacios que rodean edificios emblemáticos como los parlamentos deben estar permitidas al ser considerados éstos como espacios públicos. Sin embargo, el Gobierno español haciendo caso omiso a sus observaciones continúa con la tramitación parlamentaria del PLOPSC sin llevar a cabo ninguna modificación acorde a sus recomendaciones.

Por último, también queremos expresar nuestra preocupación por el procedimiento y el plazo en que ha sido promovida una ley de tan hondo calado. El Partido Popular en el Gobierno, que tiene mayorías absolutas en ambas cámaras del Parlamento (Congreso y Senado), está tramitando esta norma de forma acelerada desde su aprobación el 25 de julio en Consejo de Ministros. La celeridad de su tramitación obstaculiza la participación significativa de la sociedad civil en el debate e impide evaluar el impacto de la reforma legislativa en materia de derechos humanos. Le pedimos respetuosamente que dirija una comunicación urgente al Gobierno español, reiterando sus preocupaciones en relación al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y recordando a España cuáles son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho internacional.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información adicional o alguna clarificación.

Atentamente,

Plataforma No Somos Delito
Greenpeace España
RIS – Rights International Spain
S.O.S Racismo Madrid
Asociación Abogados por Madrid
Asociación Libre de Abogados
Red Internacional de Abogados Eureka
FESP – Federación de Sindicatos de Periodistas
Plataforma en defensa de la Radiotelevisión Pública
Sección sindical de CGT en RTVE
IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya
NOVACT – International Institute for Nonviolent Action
Plataforma 2015 y más
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
Sindicato de Estudiantes
Asociación Sin Papeles de Madrid
Madres Unidas contra la droga
Parroquia San Carlos Borromeo
Coordinadora de Barrios
Comisión Legal Sol
Front Line Defenders

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