Manifiesto por una Justicia Municipal

 

JUSTICIA Y CIUDAD

Justicia y Ciudad son dos conceptos que se complementan, uno representa un valor esencial sobre el que pivotan tanto la Igualdad como la Libertad mientras que el otro representa el territorio más cercano al ciudadano dónde existe una Institución Pública representativa de la voluntad popular.

Sin embargo ninguno de ellos son términos pacíficos, sino todo lo contrario, son conceptos líquidos que sufren cambios en función entre otras cosas del uso que se les dé en las sociedades  o en las que se aplique. Aunque a ningún jurista se le debe escapar que existen elementos esenciales que si desaparecieran desvirtuarían el concepto hasta vaciarlo de sentido.

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

En esto momento esto suena muy bien, sobre el papel, un concepto que aglutina a todos en unos valores que tienen como principio básico “El sentido común”.

Pues bien, el sentido común nos hace apreciar a priori dos elementos básicos para ver la Justicia desde una perspectiva efectiva:

  • La Justicia debe respetar los derechos y garantías de los ciudadanos. Entendiendo estos términos para todos los ciudadanos, sin que de ninguna manera pueda tener más derechos o garantías unos que otros dependiendo de su estatus social. (Hay justicia en el Antiguo Régimen pero no es la Justicia de un Estado Social y Democrático de Derecho ya que la primera es legal pero no legítima)

  • La Justicia tiene que ser rápida, ágil y eficaz. (Estos elementos son aplicables a la administración de Justicia), para lo cual hay que dotar a la justicia de medios para que pueda cumplir con la agilidad, rapidez y eficacia que está demandando la sociedad, no podemos tener una justicia infra-dotada de medios y que pese a ello funciona, exigiéndola que enmiende lo que otros estamentos del estado están complicando. ( diarrea legislativa, que se legisle a golpe de telediario, a fin de poner parches sin ánimo de perdurar en el tiempo con la única finalidad de ganar votos o adeptos según vengan las tornas)

Pues bien, ni la Ley de Tasas, (derogada tras largos meses de lucha, sin efecto retroactivo, por lo que se ha quedado en la cuneta muchas justas expectativas de justicia ante la falta de medios de los ciudadanos, sin descontar lo ingresado sobre ella que no ha repercutido, en una mejor justicia gratuita para los ciudadanos sin medios.

No olvidemos las continuas quejas de todos los sectores relacionados con la justicia, abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios judiciales, en definitiva todos los trabajadores de la justicia) ni la Ley de Seguridad Ciudadana que ya de por si supone una mayor privación del derecho de expresión y manifestación de todos los ciudadanos de este país, a la que acompaña el endurecimiento de la legislación sobre los atentados contra la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos y la resistencia y desobediencia, para la que se dan penas muy graves en el Código Penal, con penas de dos a cuatro años de privación de libertad en caso de que sean Autoridades, y de uno a tres en los demás casos. O la simple desobediencia que se pena en el artículo 556 del C.P. con entre seis meses y un año de cárcel.

Además, en estos casos los agentes a través de sus atestados gozan de una posición privilegiada ya que tiene una mayor credibilidad que el ciudadano, y se interpreta atentado por la simple llamada de atención que un ciudadano realiza al manifestarse exigiendo sus derechos.

Ni la Reforma del Código Penal, realizada sin vocación de permanencia dado que ha sido aprobada únicamente por un partido político al gozar este de mayoría absoluta, con la que no se consigue nada más que aprobar una cadena perpetua encubierta, y que nadie defiende dentro de los operadores de la justicia teniendo a todos en su contra. Sin olvidar que las leyes sobre todo las penales deben ser leyes que tengan vocación de permanencia y de protección para todos, no debemos olvidar que el fin de la pena de acuerdo con nuestra Constitución es la reinserción del delincuente. Así el artículo 25.2 de la C.E. dice “Las penas privativas del libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”

Sin olvidar otro cumulo de remiendos legislativos dictados por el gobierno que junto a estas entre otras no representan mi forma de entender la Justicia.

Si la Justicia no es para todos, de todos e igual para todos no es justicia. Será otra cosa. Por lo que debemos defender una justicia que ponga como base los valores que establecimos que no son otros que los de una sociedad de hombre y mujeres libre e iguales en obligaciones y derechos como se recoge en la “Declaración de derechos del Hombre y el Ciudadano”.

Por otro lado, y replicando la XI Tesis de Feuerbach “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”, que no se enfade ninguno de ellos ya que sin el concepto no seremos capaces de transformar la realidad que se define en ellos.

Y esa transformación, amigos y amigas, debe realizarse mediante la actuación de las Instituciones Públicas que representan y defienden el interés general, algo cristalino para muchos y de difícil ubicación para otros como se ve en la praxis o la mala praxis diaria.

Para ello debemos definir un territorio que se ha hecho organización en sí misma con el primer soplo de libertad ciudadana, y digo bien ciudadana ya que hablamos de ciudad, de polis, de urbe, del conglomerado que nos hace sentirnos miembros de una comunidad cívica llamada MADRID.

Madrid es el territorio, es la primera Institución democráticamente elegida por sus habitantes, sujetos políticos con derechos y obligaciones, que tienen que ser el sujeto esencial de los que se ha llamado “Justicia Municipal”.

Suena bien verdad, JUSTICIA MUNICIPAL, hasta el término nos acerca a los ciudadanos de los 21 distritos de Madrid. Evidentemente el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias en materia de Justicia aunque eso no quiere decir que seamos indiferentes con un tema capital como el que estamos refiriendo, por ello queremos aportar unas pinceladas de la propuesta que defendemos desde “Abogados por Madrid”.

Para cumplimentar esta propuesta hay que hacer evidentemente una modificación de la Planta Judicial (estructura de juzgados, audiencias y tribunales en España) bajo tres criterios básicos:

  • Agilizar procedimientos.

  • Incrementar los recursos humanos y materiales a la Administración

  • Acercar la Justicia al ciudadano.

Y tres parámetros necesarios para su implementación que son:

  • Población. (sobre 50,000 habitantes)

  • Número de asuntos por materia.

  • Dotación de jueces de carrera suficientes.

Los órdenes jurisdiccionales y las competencias de estos juzgados de distrito serían:

  • Civil:

    • Reclamaciones de cantidad.

    • Monitorios-Comunidades de Propietarios.

  • Penal:

    • Juicios de faltas. (Recuperar su tipificación en el CP)

    • Hurtos de poca entidad.

    • Amenazas o coacciones leves.

  • Laboral:

    • Sanciones ( 1 año para juicio/ muchos de ellas se van a sustanciar después del juicio por despido)

  • Contencioso-Administrativo:

    • Multas de tráfico.

    • Sanciones de vulneración de las ordenanzas municipales en materia de ruido, terrazas, etc…

Con esta propuesta que debe ser coordinada por las diferentes administraciones cumplimos, a nuestro entender, con los dos elementos reseñados previamente de cómo tiene que ser la Justicia y la aterrizamos en el mundo de los hechos.

Sin embargo, no podemos finalizar este artículo sin hacer un breve inciso sobre la llamada “Ciudad de la Justicia” , proyecto que desde “Abogados por Madrid” hemos rechazado no tanto por el fondo sino por la forma que se ha presentado por la Comunidad de Madrid.

No decimos que no a un proyecto de estas dimensiones para la Ciudad de Madrid, decimos no al modelo de gestión público-privado de alto riesgo que encubre con el modelo actual nada más que una operación especulativa urbanística. Sin conocer la planta judicial, sin el consenso necesario de los operadores jurídicos y sin una buena red de transporte público (actualmente se prevé solo 2 líneas de autobuses y cercanías, no se contempla el metro ni un abono diferenciado para los profesionales vinculados a la justicia etc…) no se podrá realizar un proyecto de esta envergadura con garantías.

 

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